“Fiscales usan prisión preventiva con fines políticos y por ganar notoriedad”

La sentencia que absolvió Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana de Futbol (FPF), es una demostración del mal uso que algunos fiscales están haciendo de los colaboradores eficaces para lograr que se dicte prisión preventiva contra los investigados, afirmó el abogado procesalista Wilber Medina.

“Los casos de Edwin Oviedo, de Martín Belaunde, de Keiko Fujimori, denotan que la Fiscalía actúa no técnicamente, sino políticamente. A Oviedo lo metieron preso 17 meses y finalmente hay una sentencia en primera instancia de absolución; o sea que no hay elementos de la comisión del delito ni elementos para privarlo de su libertad. Eso nos demuestra la arbitrariedad y el ánimo de notoriedad con fines políticos con los que actuó el fiscal Juan Carrasco Millones”, dijo a La Noticia.

El letrado señaló que en el caso de Oviedo se ha dado un mal uso de las colaboraciones eficaces, que sin ser corroboradas se toman por ciertas para encarcelar al investigado, y que, además, no se corroboró estas declaraciones con otros testimonios.

“PRESIONAN A LOS COLABORADORES”

Por su parte, el abogado penalista Mario Amoretti también cuestionó el rol del Ministerio Público en el caso Wachiturros en la Sombra y señaló que los fiscales muchas veces hacen uso y abuso de la prisión preventiva, y presionan a los colaboradores para otorgarles libertad o no comprenderlos en los procesos penales, a cambio de que declaren contra ciertas personas.

“Hay algunos fiscales que utilizan la detención preliminar para presionar a testigos como colaboradores eficaces para que echen o delaten a la persona que a ellos les interesa”, indicó. En opinión de Amoretti, el fiscal que tuvo a cargo el caso Oviedo debería ser denunciado por prevaricato e incumplimiento de funciones ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“EDWIN OVIEDO PUEDE HACER JUICIO AL ESTADO”

Los abogados Wilber Medina y Mario Amoretti coincidieron en señalar que Edwin Oviedo, en cumplimiento del artículo 139, inciso 7, de la Constitución Política del Perú, debería entablar una demanda al Estado para ser indemnizado.

Sin embargo, Amoretti recordó que está vigente una ley dictada durante el gobierno de Alejandro Toledo, que dispone que los bienes del Estado son inembargables, por lo que no le sacaría ni un sol.