Expertos alertan sobre riesgos fiscales de nueva ley que cambia estructura del IGV
La norma reduce el IGV y destina mayores recursos a las municipalidades, de las cuales todas han evidenciado que
La norma reduce el IGV y destina mayores recursos a las municipalidades, de las cuales todas han evidenciado que carecen de las capacidades técnicas para ejecutar grandes montos para obras públicas.
Recientemente, el Congreso aprobó una nueva ley que modifica el Impuesto General a las Ventas (IGV). Se establece una reducción gradual de la tasa del IGV, que pasará del 16% al 14% en los próximos cuatro años. Esos 2 puntos irán al Foncomún (municipios). “Actualmente, del 18% que conocemos como IGV, 16% es realmente el IGV y 2% es el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) que sustenta el Foncomún. Ahora 4% será el IPM y 14% el IGV. Igual seguiremos pagando el 18%”, explica el portal Propuestas del Bicentenario.
En esa línea, diversos expertos coinciden en que si no se realiza una reforma completa en cómo se distribuyen los recursos y no se mejora la eficiencia en el uso del dinero público, la medida podría resultar en menos fondos para sectores esenciales como salud, educación e infraestructura. Esto afectaría directamente la calidad de vida de millones de peruanos pues, considerando las cifras del portal de Transparencia Pública del MEF, esta medida le costaría al Gobierno Nacional aproximadamente S/ 2.5 mil millones cada año desde 2026 y S/ 10 mil millones anuales una vez que se complete la recomposición.
De esta manera, Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que “la ley fue aprobada sin suficiente debate público y sin consultar a las organizaciones especializadas”. Por su parte, ComexPerú dijo que, aunque se aumenten los recursos para las municipalidades, no se garantizará una mejor ejecución del gasto. “Como prueba de ello, en 2023, un 74.5% de las municipalidades a nivel nacional requerían capacitaciones en procedimientos administrativos; un 70.8% necesitaban formación en administración tributaria; y un 67.7% requería de capacitaciones en formulación y evaluación de proyectos públicos”, alertó.
Finalmente, Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza, advirtió que esta ley es uno de los retrocesos más grandes en política tributaria. “No es una norma para ordenar el sistema tributario, sino para formalizar una medida populista”, cuestionó.
Fuente: RPP, Comex y Propuestas del Bicentenario
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